Paulina Reyes | Luis Martínez
Según el proyecto Media Ownership Monitor México 2018, los principales medios de comunicación en México están concentrados en 11 grupos empresariales, controlando la difusión de noticias en televisión, radio, medios impresos y plataformas digitales.
Un ejemplo destacado es Televisa, que posee dos canales de televisión abierta (Las Estrellas y Foro TV), la radiodifusora W Radio y el sitio televisa.com. Su propietario, Emilio Azcárraga, ha visto surgir de estos medios a comunicadores como Carlos Loret de Mola y Brozo (Víctor Trujillo), quienes han tenido frecuentes desencuentros con el gobierno actual.
Previo:
Desuso y cambios de los medios tradicionales
Carlos Loret de Mola fundó en el 2019 el medio Latinus, tras su salida de Televisa y actualmente colabora con Victor Trujillo conocido por el personaje de Brozo. Este portal ha centrado su línea editorial en una dura crítica a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque Latinus no es de los sitios más visitados en México, ha tenido una fuerte presencia en plataformas como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Su enfoque editorial, anti-AMLO ha generado controversias, por lo que ha sido objeto de debate en las conferencias matutinas del presidente.
Latinus ha publicado investigaciones sobre figuras públicas mexicanas, denunciando presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias dentro del gobierno de AMLO. Mientras que el Gobierno de México ha investigado el financiamiento de este medio desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo director, Pablo Gómez Álvarez le ha exhibido constantemente.
Gómez reveló que Latinus está compuesto por cinco empresas y su dueño es Cristian González Guadarrama. Este medio ha recibido fondos públicos de varias entidades federativas, totalizando 2,437 millones de pesos entre 2019 y 2024, lo que ha llevado a denuncias por lavado de dinero y corrupción.
Según información de la UIF, Latinus está vinculado con políticos y empresarios contrarios a AMLO, incluyendo a Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, relacionados con Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco y rival histórico del Presidente. La investigación indica que dicho medio opera bajo las razones sociales Digital Beacon Programatic Services y BCG Limited Consulting, con negocios vinculados al sector salud.
Ante estas acusaciones, Loret de Mola ha calificado las investigaciones como censura y ha defendido lo que él llama su libertad de expresión. Sin embargo, la UIF ha revelado que Loret de Mola y Víctor Trujillo han recibido financiamiento directo, sumando al menos 12 millones de pesos y 9.5 millones de pesos respectivamente.
Este caso ilustra cómo algunos empresarios han impulsado medios de comunicación para controlar la agenda mediática. Durante el siglo XX, bajo la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que duró 79 años, se consolidaron las fortunas de estos 11 grupos mediáticos dominantes consolidando el claro nexo entre los poderes económicos, mediáticos y políticos.
La concentración del poder mediático ha sido criticada en los últimos años. Durante el sexenio de López Obrador, el presidente se ha pronunciado frecuentemente en contra del gasto excesivo en comunicación. Entre enero y agosto del 2019, el presupuesto fue de 88 millones de pesos (4.6 millones de dólares), apenas un 3.6% del gasto de 2018 durante el mismo periodo en la administración de Enrique Peña Nieto, según la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La exposición de estas relaciones ha generado desencuentros entre la prensa, audiencias y el gobierno. Las y los seguidores de AMLO sugieren que la pérdida de la relación financiera entre el gobierno y los medios ha llevado a un cambio de narrativa, con una agenda “anti-4T” y “anti-AMLO” en medios previamente considerados críticos. Desde esta perspectiva, se ha expuesto el periodismo corporativo, sugiriendo que la pérdida de confianza en los medios es una victoria de la administración de López Obrador. En contraste, las personas críticas al oficialismo, acusan una persecución sistemática a estos medios corporativos a partir de un acoso financiero.
Dentro de los excesos más comunes de la relación entre el poder económico, el político y el mediático está el control de las líneas editoriales que numerosos medios de comunicación entregan a los gobiernos a cambio de contratos y convenios publicitarios.
Este fenómeno lo señala con claridad la periodista Carolina Fernández de El Popular, quien ilustra una práctica común dentro del ejercicio del periodismo regional:
“… empiezan críticos, con una línea crítica y frontal, para llamar la atención del político y de la audiencia, entonces cuando el político o la política los busca, negocian para que los deje de atacar, le ofrecen grandes cantidades de dinero y entonces su línea editorial se vende y al vender la línea editorial o al aceptar un convenio público de publicidad de gobierno se pierde la confianza” señala en entrevista.
Los medios corporativos ligados al poder político-económico se encuentran en el mismo espacio de exposición que los medios emergentes, los independientes, los orgánicos y los públicos lo que dificulta la posibilidad de las audiencias para distinguir unos de otros, en medio del discurso crítico y frontal contra los excesos de la conjunción del poder mediático, político y económico.
De esta forma, la narrativa que coloca a todos los medios como interesados, corruptos y “vendidos” se auto-reafirma continuamente desde el discurso oficial pero también desde las acciones propias de centenares de medios de comunicación en México cuya agenda está marcada por sus intereses económicos y políticos.
Así, la ciudadanía en México consolida la percepción de desconfianza hacia medios cuyos privilegios e intereses les acercan a negociaciones con el poder político y económico.
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